El diputado del Partido Socialista Raúl Lamberto relacionó ayer las objeciones planteadas por el PJ a la adjudicación directa de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe –con denuncia penal incluida– con las presiones para que el gobierno permita volver a sembrar soja en la autopista.
“Me dijeron que son tremendas las presiones que se reciben para que nosotros volvamos a autorizar que se siembre soja en la autopista”, dijo Lamberto, para quien resulta raro “que exista tanta reacción por dos o tres meses de canon”, hasta que se adjudique la nueva concesión.
El diputado Lamberto, quien tuvo un diálogo subido de tono en la última sesión de la Cámara baja con el diputado Luis Rubeo (FPV), dijo en diálogo con El Ciudadano que “evidentemente acá se ha pateado un hormiguero, hay intereses que se han visto afectados”, y pidió que se investigue “quién cobraba la diferencia entre lo que se recaudaba por la siembra de soja a la vera de la autopista y los escasos fondos que finalmente llegaban a los municipios”.
La siembra de soja era una práctica habitual durante la anterior concesión, donde la empresa Aufe tenía un convenio con los distintos municipios para aprovechar los terrenos a la vera de la autopista, algo que está expresamente prohibido en los pliegos de la nueva licitación.
Lamberto insistió ayer en que la contratación directa por el término de seis meses, hasta que termine el proceso licitatorio (el jueves se abrieron las ofertas técnicas de las tres empresas interesadas), estaba motivada por la necesidad y urgencia: “Había que darle continuidad al servicio de la autopista y no existían condiciones para llamar en ese momento a licitación”, explicó Lamberto, quien luego agregó: “Recién el 10 de abril se renovaron 7.200 kilómetros de concesiones viales nacionales, que cuentan con subsidio. Nosotros, que tenemos 160 kilómetros sin subsidio, tuvimos que esperar que terminara el proceso a nivel nacional para que alguna de las empresas que quedaron afuera se empezaran a interesar con la propuesta”.
“Ahora bien, la pregunta era: ¿quién se hace cargo mientras tanto? Una opción era que continuara Aufe, pero diez días antes plantearon condiciones inaceptables, como por ejemplo no pagar canon, algo que no podíamos aceptar de una empresa incumplidora como Aufe”.
Sobre la segunda alternativa, que se mantenga en manos del Estado, Lamberto dijo que “tenía un costo muy alto, sobre todo por las 203 personas que quedaban en la calle”.
En relación a las objeciones planteadas por el Tribunal de Cuentas, profundizadas por Rubeo en el debate de la Legislatura y en la denuncia penal presentada en los Tribunales santafesinos, Lamberto dijo que la mayoría ya están subsanadas: “Las consideraciones sobre la inscripción en el Registro Público de Comercio, la insuficiencia del capital en relación el canon, y la garantía insuficiente ya habían sido objetadas por el propio gobierno, a través de las reparticiones correspondientes”.
El jefe del bloque oficialista en Diputados también se refirió a una de las denuncias de Rubeo, donde hacía constar que una de las empresas adjudicadas por la concesión directa, Supercemento SRL, se había notificado en un domicilio de otra empresa con nombre parecido: “Rubeo aprovecha un error material del que hizo la nota, para montar una puesta en escena. Un grupo de personas identificadas aparentemente con el diputado se presenta en Landeta (en la sede de la empresa Super Cemento SRL) con un auto verde y sacan fotos sin autorización. Estas fotos después las muestra el diputado en conferencia de prensa. Cuando se les pide que se identifiquen estos vehículos aparentemente salen huyendo sin darse a conocer. Si alguien tiene interés en una investigación ¿no la debe hacer a través de la Justicia?”, se preguntó Lamberto.
“¿Por qué un diputado necesita ocultarse? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuáles son los intereses?”, se preguntó Lamberto para luego ensayar algunas respuestas: “Para mí se ha pateado un hormiguero. Hay intereses que se han visto afectados. Esto ya no es un tema estrictamente político”.
“Porque no se explica que hayan querido llevar un error material a un acto casi de espionaje, una cosa insólita. Han puesto en cuestionamiento a una empresa que no tiene nada que ver. Han fotografiado a otra empresa. Todo un montaje escénico de película que a nosotros nos cuesta trabajo entender que esto pueda haber sido diseñado o llevado adelante por un diputado. Es llamativo”, terminó reflexionando el diputado.
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