Por Raúl Lamberto.
Desde el comienzo del gobierno de Hermes Binner algunos legisladores del Partido Justicialista hablan de un “crecimiento desmesurado“ del gasto público por parte de la actual administración, así como también de los “cuantiosos recursos” que dejó “en caja” la anterior gestión, encabezada por Jorge Obeid. Sin embargo, el análisis es deliberadamente parcial y oculta la realidad.Por caso, la diputada provincial Silvina Frana se refirió recientemente al saldo positivo de las cuentas públicas al 10/12/07. Sin embargo, nada dijo de las deudas transferidas. Así es como menciona que para entonces “había en caja 1.600 millones de pesos” de los que, reconoce, sólo “450 eran de libre disponibilidad”. Pero omite decir que la gestión que terminaba su mandato no había pagado el aguinaldo (erogación que asciende a 300 millones de pesos); tampoco dice que el Fondo Anticíclico formaba parte de aquel monto y que parte del mismo se utilizó para atender emergencias (como la sequía); ni que ese monto está compuesto, además, por asignaciones específicas que no son de libre disponibilidad y por el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco).Esa fotografía de la “caja” no es más que un dato del momento que nada dice. De hecho, al cierre del mes de setiembre de 2009, pese a la crisis, la cifra en “caja” es de 1.200 millones de pesos.DE ESO NO SE HABLALa situación fiscal de la provincia en 2007 ya hacía prever serias restricciones para los ejercicios futuros.
1. El acta paritaria de abril de 2007 blanqueó ingresos salariales que durante años se pagaron en negro, transfiriendo el costo de esa medida (900 millones de pesos) a 2008, es decir, a la gestión de Binner.
2. El gobierno actual corrigió el retraso salarial existente a pesar de que el presupuesto formulado por la anterior gestión para 2008 no preveía aumentos. Eso significó una erogación de 2.400 millones de pesos para los años 2008 y 2009.
3. Se restableció el Régimen Federal de Coparticipación de Impuestos a Municipios y Comunas, asumiendo la provincia las sumas detraídas por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo y el régimen de coparticipación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, reducido unilateralmente por los gobiernos anteriores en un 10%. En el período 2008/2009 esto significó a la provincia un incremento del gasto de 190 millones de pesos.
4. Se financió el déficit de Aguas Santafesinas SA y la Empresa Provincial de la Energía, lo que significó un gasto de 132 y 95 millones de pesos, respectivamente, para el ejercicio 2008; y de aproximadamente, 151 y 42 millones pesos para 2009.
5. Se adoptaron medidas de emergencia ante la alarmante situación de la educación, la salud pública y las fuerzas de seguridad, destinándose 51 millones de pesos para el arreglo de escuelas y otros 51 millones para equipamiento de la policía. A ello debe sumarse la decisión de incorporar en 2008, 2.000 agentes policiales y 450 agentes para el servicio penitenciario.
6. Se afrontaron compromisos para obras contraídos por el gobierno anterior en el último mes de su gestión: 575 millones de pesos de los cuales sólo estaban presupuestados 260.
7. Se afrontó parte del endeudamiento contraído para capitalizar el Banco Provincia de Santa Fe, que luego fue privatizado por Obeid. Dicha capitalización representó un gasto de 53 millones de pesos en 2009.
8. Se pagó el préstamo del Banco Mundial, contraído en agosto de 2001 para llevar adelante una reforma del Estado, lo que importó en 2009 una erogación de 41 millones de pesos.
9. Se afrontó la implementación de la educación secundaria obligatoria, decidida por la anterior gestión, que no la implementó ni la presupuestó, lo cual significó 101 millones de pesos para el período 2008/2009.Las críticas tampoco mencionan la rigidez de la estructura del gasto provincial: el 78% se destina a salarios y pensiones, transferencias a municipios y comunas, y financiamiento a establecimientos educativos privados; un 9% a servicios de la deuda, financiamiento de la Caja Previsional, policía y servicio penitenciario; 6% a ministerios, Poder Judicial, Poder Legislativo y empresas del Estado. En conjunto, esos rubros constituyen el 93% y reflejan la estructura de gastos consolidada durante los gobiernos anteriores.En síntesis, hablar de “caja” sin mencionar los compromisos sobrevinientes es una verdad a medias, una falta a la verdad. Lo cierto es que la actual administración tuvo y tiene que hacer frente a esta situación heredada con un enorme costo fiscal, que supera los 5.000 millones de pesos.
OTRA FALACIATambién se afirma que la provincia se apresta a cerrar 2009 con déficit luego de 20 años de superávit. Sin embargo, nuevamente se falta a la verdad: de los últimos diez años de gobiernos de Reutemann - Obeid, cinco cerraron con déficit (97, 98, 01, 02, 07). En 2004, cuando la economía crecía a tasas asiáticas, se alcanzó un importante superávit (779,5 millones de pesos), lo que permitió enjugar los 211,4 millones de pesos de déficit acumulados en ejercicios anteriores y la constitución del Fondo Anticíclico. Pero ya en 2007, el resultado genuino del ejercicio arrojó un déficit de 160,88 millones de pesos, con lo que el “superávit” acumulado bajó a 478,1 millones de pesos. Vale decir, además, que ese resultado se logró merced a la rebaja de haberes y jubilaciones al personal público (13%), a la privatización de estratégicas empresas públicas como Aguas Provinciales y el Banco de Santa Fe, y al metódico desfinanciamiento de los gobiernos locales (a través de la firma de los pactos fiscales de la década del 90 y la disminución de transferencias a municipios y comunas, que ascendió a 465,14 millones de pesos a valores constantes en el período 2003-2007. Esas detracciones originaron reclamos contra el gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, fundamentalmente de los propios intendentes del PJ, los mismos que no hicieron ningún reclamo contra el gobierno autor del despojo que ahora denuncian.A PAGAR CRÉDITOSEn los últimos diez años de gobierno, las administraciones justicialistas debieron endeudarse en tres oportunidades para afrontar gastos corrientes, sin contar la emisión de bonos para pagar la catarata de juicios de jubilados por deudas previsionales. Sin embargo, los legisladores de esa fuerza nada dicen sobre los préstamos obtenidos para financiar gastos corrientes: 183 millones en 1999 (administración Obeid); 138 y 50 millones de dólares en 2001 (administración Reutemann). A esto hay que sumar los dos tramos de endeudamiento tomados en los años 96 y 98 para poner al Banco de Santa Fe en condiciones de ser privatizado. Es decir, la provincia se endeudó para quedarse sin ningún instrumento financiero. Se trata de un préstamo por 163,7 millones de dólares con el Fondo Fiduciario, que todavía se está amortizando, y de 95 millones de dólares en Bonos Bosafe, cuyo marco regulatorio es del 26/12/96.
CRISIS Y RESPONSABILIDADESLas críticas no contemplan el contexto de la situación analizada, caracterizado por una continua pérdida de autonomía fiscal por parte de la provincia (en 2000, el 41,47% de recursos eran propios y el 58,53% de origen nacional; en 2008, esa relación de 33,96% contra 66,04%,) combinada con la marcada regresividad del sistema impositivo. Tampoco se alude al conflicto agropecuario que aún subsiste, agravado por la sequía; ni a la crisis financiera internacional y su impacto recesivo en la economía.Nada dicen los diputados justicialistas sobre la responsabilidad que les cabe por haber impedido que Santa Fe armonizara su situación fiscal con Córdoba y Buenos Aires, ni sobre la recesión actual, y la caída de los recursos coparticipados por la Nación (15% en 2009) y los recursos propios, causa principal del déficit que hoy padece la provincia.OTRA VISIÓNLos reproches recibidos reflejan una visión política que esta administración no comparte. Resaltan cierta “solvencia” en términos macroeconómicos de los gobiernos anteriores, pero no mencionan la deuda social que dejaron 16 años de neoliberalismo en la provincia. En dicha visión, una buena administración es aquella en la que las cuentas cierran; para el Frente Progresista Cívico y Social significa hacer las obras indispensables para mejorar la calidad de vida de los santafesinos.
