La Corte Suprema de Justicia resolvió convocar para el 17 de marzo al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, ante el reclamo provincial de inconstitucionalidad de la prórroga a la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos para el sistema previsional.
La audiencia pública está fijada para el 17 de marzo a las 10, en el marco del juicio que Santa Fe le hiciera al Estado nacional, por la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Esa detracción había sido acordada en el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992, con el objeto de financiar la transición entre el régimen estatal de jubilación y el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que quedó sin efecto en octubre de 2008.
La provincia también reclamó que se declare la plena coparticipación de esos fondos en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley de coparticipación 23.548 y, consecuentemente, se ordene la restitución o reintegro de todos y cada uno de los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los Compromisos Federales entre la Nación y las Provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago.
En diálogo con LT10, Jorge Barraguirre, Fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, expresó que “nosotros estamos haciendo un planteo estrictamente judicial. El nuestro es un conflicto de derecho, el único ámbito donde se puede resolver es en el ámbito judicial y el único tribunal que puede escuchar un conflicto de esta naturaleza es la Corte Suprema. Acá no hay un problema de federalismo fiscal, no vamos a discutir el grado de centralización de los recursos”.
Además, Jorge Barraguirre sostuvo que “acá hay una cuestión muy concreta. Acá ocurrió que La Nación prorrogó unilateralmente un pacto fiscal, cuando la provincia había retirado el consentimiento. Por lo tanto, no hay norma jurídica que habilite a la detracción del 15% con destino al sistema de previsión social del país”.
Consultado sobre qué reclama concretamente la provincia, el Fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe manifestó que “hay un pacto fiscal que fue firmado en el año 1992, que podría tener su justificación histórica. Pero en el año 2006 cambia radicalmente la situación porque la provincia no ratifica ese pacto fiscal. Y en el año 2008, este panorama vuelve a cambiar radicalmente el panorama cuando se re-estatiza el sistema provisional. Por lo tanto no hay contrato, ni sentido para esta detracción”.
Sobre la deuda que tiene la Nación por esta situación, Jorge Barraguirre explicó que “según el cálculo de Economía, nos deben 1000 millones de pesos, para este año, por este concepto. No se olviden que hay dos demandas adicionales”.
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