Diario “La Capital” – 19/04/10
Las tarifas de Aguas Santafesinas
La diputada provincial justicialista Silvina Frana efectúa "reflexiones" en esta misma sección, el 16 de abril, sobre las mayores tarifas de Aguas Santafesinas S.A., por supuesto omitiendo toda referencia a lo sucedido con la concesión fracasada y la situación del servicio sanitario heredado, que en todo análisis serio no se puede ignorar:
La privatización fracasada.
La privatización durante diez largos y agónicos años de los servicios de agua potable y cloacas dejó secuelas económicas en la empresa y estructurales en el servicio que son muy difíciles de reparar, y existen responsables que no deberían hacerse los desentendidos. El incumplimiento de los planes de obras a cargo de la concesionaria produjo una fuerte desinversión del sector que se reflejó en serios problemas sobre la calidad, mantenimiento y expansión del servicio. Poner al servicio sanitario en condiciones de buena accesibilidad para toda la población servida, garantizando una prestación óptima del mismo, llevará entonces tiempo y mayores inversiones, ya que implica revertir el legado de la concesión privada que concebía al agua como bien comercial y privilegiaba la recaudación a las inversiones.
La duda que nos cabe es si los que hoy critican están realmente preocupados por el incremento tarifario o anhelan el fracaso de Aguas Santafesinas para levantar nuevamente las banderas privatizadoras.
Audiencias públicas.
La oposición rescata ahora las audiencias públicas que nunca promovieron durante sus gestiones públicas o privadas. Tal vez si las hubieran hecho antes no se hubiese llegado a la difícil situación que enfrenta hoy la empresa Assa. Además, la actual composición plural del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) constituye una acertada decisión del gobernador Hermes Binner que no fue acompañada con el voto de los legisladores justicialistas.
En las audiencias públicas, a la luz del indiscutible retraso de las tarifas de Assa, prácticamente todos los expositores, excepto algunos nostálgicos de la privatización u opositores manifiestos, aceptaron la procedencia de algún tipo de modificación tarifaria. "La mayoría consideró que de realizarse un aumento, debería ser conforme una segmentación (volumen consumido, uso)". Respecto de la segmentación, el Enress propuso y el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente aceptó la diferenciación de incrementos conforme cinco bandas de consumo.
Resolución 345 del Enress.
Consideró procedente la modificación de los precios y valores tarifarios, que iría del 19 por ciento al 62 por ciento, de manera segmentada. El incremento promedio general propuesto es del: 43 por ciento. Al respecto, el referido ministerio aceptó el criterio de segmentación introduciendo algunos ajustes, donde surge un incremento promedio general del 50 por ciento.
Partiendo de la base que el déficit operativo (tomando como referencia febrero 2006, fecha de creación de Assa) asciende al 129 por ciento y que la propuesta original del ministerio (incremento plano) ascendía en 4 bimestres al 87 por ciento, resulta evidente que se ha asumido la propuesta del Enress casi integralmente.
Cabe consignar que en la primera banda se concentra el 30 por ciento de los usuarios residenciales; en la segunda el 38 por ciento y en la tercera el 27 por ciento. En la cuarta sólo hay un 5 por ciento (grandes propiedades) y en la quinta banda no hay ningún residencial. Por lo tanto, la modificación anual para los usuarios residenciales será en la primera banda del 19 por ciento anual, en la segunda del 29 por ciento y 10 por ciento en dos bimestres y para la tercera banda el 29 por ciento, 10 por ciento y 8 por ciento en tres bimestres.
En la nota firmada por la legisladora se verifica también mala intención en la presentación de los números, ya que al ente le asigna como incremento mayor el 62 por ciento (suma lineal, acumulado es el 69 por ciento), mientras que al ministerio le asignan el 80 por ciento (ya acumulado). En todo caso la comparación sería 69 por ciento contra 80 por ciento.
En síntesis, la afirmación de la legisladora de que "no se tomó en cuenta ni las opiniones que se esgrimieron en las audiencias ni la resolución del Enress" es una falacia. Y si hay dudas al respecto, debería expedirse el propio Enress, que en ningún momento ha realizado alguna observación al respecto.
En cuanto al "uso" del agua, todos (expositores, ente, Assa, ministerio) acordamos en la necesidad de incorporarlo en la estructura tarifaria. De hecho, así está planteado en el anteproyecto de nuevo marco regulatorio que se ha lanzado a la discusión. En el marco normativo actual, no resulta posible su implementación.
Respecto del incremento del 29 por ciento de setiembre de 2008 cuestionado tardíamente por la legisladora, evidencia sólo la intención de comprometer la prestación del servicio. El incremento tarifario de Aguas Santafesinas S.A. estuvo fundado en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales, y en las consecuencias de hechos o actos que daban lugar a la variación, realizados sobre el período 2006-2008. Si el gobierno anterior del ingeniero Obeid ofreció mediante nota N° 251 del 22/11/2005, un 35 por ciento de incremento a Aguas Provinciales de Santa Fe SA (APSF, Grupo Suez) para que no abandonara la concesión, resulta insostenible que tres años después —inflación mediante— sus seguidores se opongan a aquel incremento que lejos estaba del 82 por ciento de déficit de la empresa Assa verificado para el período 2006-2008. El gobierno anterior le ofreció un aumento significativo a la empresa privada concesionaria y hoy le niegan el mismo a la empresa de gestión pública.
Plan de obras.
La presentación de la empresa Aguas Santafesinas S.A. solicitando la revisión tarifaria está referida a la necesidad de disminuir la brecha entre costos operativos e ingresos propios. De esta manera es posible liberar los aportes del Estado provincial para que puedan ser destinados a la ejecución de las obras de infraestructura de agua y cloacas, ya que sólo a través de las mismas es posible mejorar el servicio donde actualmente se presta (ejemplo: incremento de la presión del agua) y posibilitar su expansión en zonas aún no cubiertas (ejemplo: obras de cloacas), cuestión íntimamente vinculada a la problemática sanitaria global y a la calidad y universalización del servicio.
Argumentos de Aguas.
El análisis del incremento de costos operativos contó con el aval de los auditores técnicos y contables externos; y con la aceptación de los organismos técnicos del ente que han tenido a su alcance la documentación necesaria. Además resulta interesante resaltar algunos considerandos de la resolución 345 del Enress (ahora reivindicado):
"Conforme la opinión de las áreas internas del organismo... la procedencia de una revisión tarifaria encuentra suficiente sustento en la demostración del déficit con el que opera la empresa, atribuible a los marcados aumentos de precios experimentados en los diferentes rubros que integran sus costos".
"En esta instancia, del informe de la Gerencia de Análisis Económico Financiero, puede concluirse que del total de los gastos operativos proyectados para el año 2010, sólo el 51,58 por ciento se cubriría con ingresos genuinos provenientes de la facturación de la empresa".
"Conforme lo dispuesto por el Art. 81 Inc. c) de la ley 11220, es un principio general en materia tarifaria que el total de lo facturado por los prestadores debe resultar suficiente para sostener el costo económico de una prestación eficiente del servicio".
Corresponde señalar que este último concepto es sustentado por todas las gestiones públicas del agua a nivel nacional e internacional, como objetivo deseable de alcanzar, asignando al Estado su indelegable obligación de garantizar el derecho de acceso al agua a todos los habitantes y de ejecutar las obras necesarias a tal efecto. De hecho, es un principio incluido en el anteproyecto del nuevo marco regulatorio.
Este objetivo estamos lejos de alcanzarlo, persistiendo la fuerte dependencia del subsidio provincial para los costos operativos.
Lo que no dice la Legisladora en sus "reflexiones", es que dicho subsidio sólo beneficia a los usuarios de Assa y no a las 347 poblaciones no incluidas en la empresa; que para el rango más alto de consumo (en el cual no hay ningún residencial) el precio del metro cúbico llegará a $ 0,79, cuando por ejemplo en la ciudad de Sunchales el usuario paga alrededor de $ 3 el m3; tampoco aclara que el valor actualizado promedio del agua potable ascenderá a $ 0,65 el metro cúbico, significativamente menor que los vigentes para las demás localidades santafesinas, nacionales, incluso en países extranjeros.
Decir que "la tarifa de un servicio público administrado por un monopolio natural no es un precio, es una política de Estado..." es sólo una expresión demagógica de posicionamiento político que oculta las consecuencias nefastas que su implementación tiene para la sustentabilidad y universalidad de un servicio esencial como es el del agua.
Los incumplimientos contractuales de la anterior concesionaria (APSF SA), así como el cobro de un cargo específico para la ejecución de obras que nunca se realizaron, colocó en verdadero riesgo el suministro del servicio a la población, vulnerando sus derechos en una cuestión esencialmente humana, como representa el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente.
La ausencia de obras marcó un sostenido deterioro del servicio y la falta de respuesta a nuevas demandas por crecimiento de la población, ocasionando graves perjuicios que continúan repercutiendo en la prestación del agua y el saneamiento, y requiere de acciones y obras que permitan una progresiva recuperación del sector.
Por lo expuesto:
1) Debemos defender la sustentabilidad de la empresa Aguas Santafesinas S.A. en gestión pública, desechando las aventuras privatizadoras que siguen vigentes.
2) Por primera vez se aplica una revisión tarifaria conforme una segmentación que garantice una progresividad en su aplicación.
3) La sustentabilidad de la empresa de gestión pública posibilitará extender los aportes del gobierno provincial a obras de infraestructura en su área servida y también a las regiones no comprendidas en la gestión de la empresa provincial, donde residen ciudadanos santafesinos tributarios de los mismos derechos en cuanto al acceso al agua potable y las obras de saneamiento.
Dip. Provincial Raúl Lamberto (PS)
