Unos 20 legisladores del Frente Progresista acompañaron con su voto la iniciativa oficial. Pero el Justicialismo manifestó su oposición por la centralización y el bajo nivel de participación que tendrían los agentes de la comunidad hospitalaria.
20.10.2011 | 05:53 hs.· Autor: ML/LM.· Fuente: Notife/LT10
Del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCS), 20 legisladores votaron de manera afirmativa, mientras que la fuerza justicialista adujo que se trata de una norma que no permite la participación de la comunidad en la toma de las decisiones inherentes a la administración hospitalaria. Entre ese grupo de diputados opositores, se inscribió Silvina Frana, quien argumentó que, si bien la ley vigente puede ser perfectible, la iniciativa oficial supone un atraso en función de la centralización que generaría y el bajo nivel de participación que tendrían los actores civiles.
La integrante de la bancada expresó que a su juicio, se trata de “una ley con un montón de anuncios y enunciados que compartimos pero con una cuestión de fondo que retrocede en lo que hace a la salud pública de la provincia”. Del mismo modo informó que su bloque no comparte “una cuestión central que tiene que ver con la derogación de las leyes de Samco y descentralización hospitalaria porque entendemos que no son incompatibles con los objetivos de establecer una ley de un trabajo en red”.
Ante ello, la referente del PJ opinó que “lo central que se discute hoy, que es la derogación de las dos leyes, no es una ventaja adicional para la salud de la provincia” sino, más bien, se trata de una normativa “reduccionista que centraliza en forma normativa y ejecutiva las decisiones en el ministerio que nunca perdió la potestad de las políticas de salud ni el control sobre los organismos”.
Por último recordó que “el esquema de centralización de recursos no asegura transparencia” y que sólo producirá más inconvenientes porque se propone “que se centralice la facturación, derivación al sector privado y compra de medicamentos” prohibiendo así a los pequeños efectores “realizar compras para atender urgencias”, lo que no hará más que complicar la inmediatez en la respuesta al paciente.
Alicia Gutiérrez, de la bancada oficialista, defendió el programa y dijo que el mismo pretende “dar un cambio de paradigma” y no “re emparchar una ley para mejorar o no” lo que ya existe. En ese sentido insistió en que se pretende dejar en pie “el paradigma de la salud en que el Estado es responsable de la salud de los habitantes”.
Además, la diputada recordó que ahora tiene vigencia una “ley de autogestión que es de la época de Menem y que ideológicamente descentraliza sin presupuesto y responsabiliza a la comunidad penal y civilmente, además del financiamiento”.
“Nosotros estamos restaurando no solamente financiar y entregar dinero para que cada uno de los hospitales funcione sino que no sean responsables de lo que pudiera suceder dentro las organizaciones de la sociedad civil y que no necesiten salir a vender nada para tener aparatología, capacitación, infraestructura”, concluyó.
Ahora, el proyecto pasó a manos del Senado provincial bajo un panorama complejo para el oficialismo, en virtud de los cuestionamientos que recibió la propuesta en la comunidad hospitalaria. Por lo que trascendió, algunos senadores trabajan en ciertas modificaciones en torno al funcionamiento y las facultades de los actuales Consejos de Administración.
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